Internacional.- Una corte federal de Estados Unidos desestimó esta semana la demanda presentada por el gobierno de México contra varias empresas fabricantes y distribuidoras de armas en ese país.
Al concluir que no se presentaron pruebas suficientes que vinculen directamente a las armerías con el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano.
El fallo representa un revés para la estrategia jurídica impulsada por la administración mexicana, que buscaba responsabilizar a las compañías estadounidenses por facilitar, de manera indirecta, el flujo de armamento que termina en manos del crimen organizado.
La demanda, interpuesta en 2021, argumentaba que las prácticas negligentes de las armerías contribuían a la violencia en México, al permitir que armas de alto poder llegaran a grupos delictivos. Sin embargo, la corte consideró que no se logró establecer un vínculo legal directo entre las acciones de las empresas y los crímenes cometidos en el país.
El gobierno mexicano lamentó la decisión judicial y afirmó que continuará explorando vías legales y diplomáticas para frenar el tráfico de armas. “Este es un tema de seguridad nacional y de vidas humanas. No desistiremos”, señaló la Cancillería en un comunicado.
Por su parte, las empresas demandadas reiteraron que operan conforme a la legislación estadounidense y que no son responsables del uso ilegal de sus productos fuera de su territorio.
Organismos internacionales y defensores del control de armas han seguido de cerca este caso, que podría sentar precedentes en futuras acciones legales transfronterizas relacionadas con el tráfico de armamento.
