La china en territorio
El 1 de julio de 2026, el Gobierno de México inició el proceso de consulta nacional para la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Esta legislación busca hacer cumplir la reforma al artículo 2° constitucional que reconoce a los pueblos originarios como Sujetos de Derecho Público.
El INPI Chihuahua contempla todo el mes de julio para dar inicio a la etapa informativa regional que comenzará el 4 de julio en la comunidad de Mogotavo del municipio de Urique y culminará el 25 del mismo mes.
Con el objetivo de recibir opiniones, sugerencias y planteamientos sobre la propuesta, que abarcará a los 69 pueblos indígenas, el pueblo afromexicano y las 16,728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
En dichas reuniones se dará a conocer el contenido de los ocho libros de manera general y puntualizando los aspectos más relevantes de la iniciativa; entregando también una copia de la propuesta por autoridad, esto para llevarlo de regreso a sus comunidades y así presentarlo dentro de la comunidad en las asambleas comunitarias, para un mayor análisis.
El proyecto de ley consta de 8 libros y se consultará a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano en las más de 16 mil comunidades a nivel nacional.
En dicha propuesta destaca lo siguiente.
Reconocimiento de personalidad jurídica y patrimonio propio: Los pueblos indígenas y afromexicanos son considerados Sujetos de Derecho Público, lo que les otorga derechos y obligaciones en el ámbito legal.
Libre determinación y autonomía: Se regulan las decisiones comunitarias, tierras y propiedad intelectual, permitiendo a las comunidades decidir sus propias formas de gobierno y organización.
Acciones específicas para evitar la discriminación: Se implementarán medidas para proteger a los pueblos afromexicanos, que tienen su propia organización y cultura.
Protección de derechos para grupos en situación de vulnerabilidad. También proponen medidas para garantizar los derechos de mujeres, niñez, juventudes, migrantes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.
Inclusión social: Se implementarán medidas para asegurar la inclusión social de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Consulta y consentimiento: Se establecerán procedimientos obligatorios para decisiones que impacten territorios, asegurando el consentimiento libre, previo e informado.
Competencias institucionales: Se coordinarán las competencias entre la Federación, estados y municipios para garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Justicia y defensa: La iniciativa propone crear la figura de Juicio de Amparo Indígena y se implementarán mecanismos para combatir violaciones a los derechos.
Estos puntos son fundamentales para la protección y promoción de los derechos colectivos de los pueblos originarios y comunidades afromexicanas en México. La ley busca transformar la relación entre estas comunidades y el Estado, estableciendo un marco legal que garantice su autonomía y participación en la vida pública y social.
La consulta nacional a las comunidades se extenderá del 1 al 25 de julio de 2026, para la primera etapa informativa a las comunidades y la invitación a las asambleas el 16 y 21 de agosto en dos sedes en la Sierra Tarahumara, con el objetivo de recibir las propuestas y que estas se junten con las de las demás comunidades en el país y presentar esta iniciativa ante la Cámara de Diputados el 12 de octubre de 2026.
La ruta dará inicio en la comunidad de Mogotavo el 4 de Julio continuando:
El 6 de julio en la Laguna de Juanota del municipio de Balleza.
El 8 de julio en Turuachi del municipio de Guadalupe y Calvo.
El 10 de julio en Baborigame del municipio de Guadalupe y Calvo.
El 15 de julio en Uruachi del municipio de Uruachi.
El 18 de julio en Guachochi, Guachochi.
El 20 de julio en Morelos, Morelos.
El 22 de julio en Yepachi del municipio de Temosachic.
El 22 de julio en San Ignacio del municipio de Batopilas.
Posteriormente luego de las asambleas en Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), pueden realizar visitas a las comunidades que así lo soliciten esto con el fin de hacer llega la información lo mejor posible aquellas comunidades que no puedan asistir a las asambleas regionales.
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