Es preocupante y alarmante la situación que se vive en el CERESO 1 de Aquiles Serdán. Lo que estamos viendo es una clara muestra de la incapacidad del gobierno estatal para gestionar de manera adecuada las instalaciones penitenciarias y, en general, para garantizar la seguridad tanto de los internos como de quienes trabajan en defensa de los derechos humanos y legales de estos.
El hallazgo de un reo suspendido en su celda es una tragedia que, lamentablemente, evidencia el descontrol y la falta de supervisión dentro de este centro penitenciario.
Que un custodio sea quien encuentra el cuerpo y se limite a pasar el reporte a la Fiscalía, sin que haya una intervención inmediata y preventiva, solo resalta la indiferencia y el mal manejo del sistema penitenciario.
Por otro lado, las declaraciones del abogado Gabriel Vidaña ponen de evidencia las graves deficiencias del personal del Sistema Penal y de la mayoría de los jueces de control. En lugar de que estas denuncias sean un punto de partida para mejorar la situación, se han convertido en un detonante de represalias. Esto es un reflejo de cómo las críticas son manejadas bajo esta administración: con represalias en lugar de soluciones.
La decisión de prohibir el acceso vehicular a los abogados de despachos particulares, obligándolos a caminar por una zona peligrosa y sin protección, es un acto que no solo pone en riesgo su vida, sino que también atenta contra su labor profesional.
Es una estrategia cobarde por parte de las autoridades, quienes, en lugar de velar por la seguridad de todos, crean un ambiente aún más hostil y peligroso.
Es sabido por todos que se tiene registro de varias ejecuciones justo afuera del CERESO, y no es posible que no hayan tomado medidas contundentes para evitarlo, al contrario pareciera estan poniendo a los abogados en la cueva del lobo.
Esto no solo habla de la falta de organización, sino de un desinterés total por parte del gobierno estatal en la protección.