Este domingo, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para la reforma del Poder Judicial. La reforma, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, permitiría que cualquier persona con un título en Derecho pueda postularse para liderar un tribunal. Los legisladores discutirán ahora 330 propuestas de modificación y han indicado que se implementarán mecanismos de control para la selección de candidatos, permitiendo también que los actuales jueces puedan reincorporarse al Poder Judicial de la Federación.
La propuesta ha llevado a una protesta significativa dentro del sector judicial. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, incluyendo administrativos, secretarios de acuerdos y actuarios, han iniciado un paro de labores. La protesta ha escalado con la incorporación de jueces y magistrados, sumando al menos 1,200 empleados del sistema judicial, según datos de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed). A pesar del paro, el Consejo de la Judicatura Federal ha asegurado que se mantendrán servicios mínimos para casos urgentes.
El impacto de la huelga también se ha reflejado en el clima de negocios en México. Entidades como Fitch Ratings, Citibanamex, Bank of America y Stanley Morgan han emitido advertencias sobre las posibles consecuencias económicas. Además, los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México han comunicado las preocupaciones de los inversionistas en sus países. El peso mexicano ha experimentado una depreciación significativa, acercándose a las 20 unidades por dólar.