CDMX.- La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por desacato judicial, derivado de una denuncia presentada hace más de un año.
De acuerdo con El Universal, aunque la carpeta de investigación contra la directora del Conacyt se inició en octubre del año pasado, fue hasta el 21 de junio de este año que la FGR solicitó los documentos al juez Gabriel Regis López, quien presentó la denuncia.
Los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FFCyT) acusaron a Álvarez-Buylla de desconocer el vínculo jurídico entre ese organismo y el Conacyt.
En septiembre de 2019, el juez Regis López admitió el juicio y otorgó al FFCyT una suspensión para que el Conacyt continuara entregándole recursos para operar mientras se resolvía el amparo.
Sin embargo, durante varios meses el Conacyt no entregó los recursos al Foro, incurriendo en desacato judicial, según determinó la Fiscalía luego de que en marzo de 2020 el juez ordenó que se investigara la responsabilidad de María Elena.
Pasaron más de seis meses para que la FGR iniciara la carpeta de investigación, y fue hasta junio pasado que pidió al juez enviar copias del expediente de amparo, determinando que el Conacyt incumplió la suspensión.
El 14 de julio de este 2021, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió los recursos de revisión del caso, y determino que es legal que el Conacyt entregue recursos al fondo hasta el ejercicio 2019, pues así lo establecía la normativa interna hasta que fue reformada y se eliminó el fondo en 2020.
A pesar de ello, la Fiscalía insiste en que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la transferencia de recursos del Conacyt fueron ilegales de 2013 a 2018, por lo que en dos ocasiones ha intentado obtener órdenes de captura contra 31 exmiembros del Conacyt y el Foro.
Los 31 científicos y exfuncionarios del Consejo son investigados por lavado de dinero, peculado, delincuencia organizada, así como uso ilícito de atribuciones y facultades.
La Fiscalía ha estado intentando encarcelar a los investigadores en el penal de máxima seguridad del Altiplano, y en caso de ser declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 80 años de cárcel.
Información de: El Universal
