Chihuahua.- En una entrevista concedida al programa de la periodista Blanca Amador, Conexión Ciudadana, la agente de Vialidad Gabriela Ramírez, denunció públicamente una serie de abusos, acoso laboral y amenazas de muerte que asegura haber sufrido durante los últimos dos años. Con lágrimas en los ojos, narró cómo esta situación ha afectado gravemente su vida personal y profesional, mientras las autoridades competentes han mostrado, según ella, una total indiferencia.
Ramírez señala directamente a dos mandos de movilidad, identificados como el jefe Víctor Sosa y el comandante Vargas, como responsables de los primeros actos de acoso, que comenzaron cuando defendió a un compañero al que querían obligar a pagar por un radio perdido. “Al meterme, el jefe me dijo: ‘¿qué chingados le importa?’”, relató Gabriela. A partir de ese momento, asegura que comenzó a sufrir represalias que incluyeron la prohibición de atender accidentes y un cambio de lugar de trabajo que solo agravó la situación.
La agente también denunció que, tras estos hechos, las agresiones escalaron al punto de requerir hospitalización. Ya ha presentado denuncias ante Asuntos Interno.
Además, Gabriela declaró que ha recibido amenazas a través de mensajes de WhatsApp, en los que le advertían que podrían atropellarla o hacerle un daño físico grave. Incluso, denunció que apareció una narcomanta en su contra en la calle Océano Pacífico y Ortiz Mena, situación que atribuye a la falta de acción por parte de las autoridades de alto nivel, mencionando específicamente al Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya.
“Ya hice denuncias en el Ministerio Público, pero me dijeron que mi vida no corría peligro y que no era necesario proceder”, lamentó Ramírez, quien responsabiliza directamente a las autoridades de cualquier cosa que pudiera sucederle.
La agente concluyó su declaración exigiendo justicia y señalando la inacción de figuras como César Komaba y la licenciada Bainca Nevárez, quienes, según ella, están al tanto de los hechos pero no han intervenido.
Este caso pone nuevamente en evidencia las presuntas fallas institucionales para proteger a servidores públicos que se atreven a denunciar abusos y corrupción en las filas de las dependencias de seguridad. La denuncia pública de Gabriela Ramírez exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar su seguridad.
