Guadalajara.- Una pareja que viajaba en su camioneta sobre el kilómetro 146 de la carretera libre Zapotlanejo-Guadalajara, en el estado de Jalisco, cuando tres elementos de la Guardia Nacional (GN) comenzaron a perseguirlos debido a que circulaban a alta velocidad y su vehículo no tenía placas.
Luego de que los tripulantes de la camioneta no atendieran la orden de detenerse que les marcaron los uniformados, estos accionaron sus armas en contra del vehículo. En él viajaba una menor de edad con dos meses de embarazo, quien perdió la vida a causa de los disparos de los guardias nacionales.
Así lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 70VG/2022, emitida luego de recabar distintos informes, testimonios y pruebas documentales.
En el documento, la comisión estableció que la persecución concluyó “cuando los elementos de la GN accionaron sus armas de fuego y, una vez realizada la detención, se percataron de que una de las personas -mujer menor de edad y embarazada- había perdido la vida a causa de los disparos”.
En un principio, la institución militar justificó las detonaciones con el argumento de que el conductor de la camioneta los habría amenazado con un arma de fuego, por lo que habrían disparado, supuestamente, a los neumáticos del vehículo.
Sin embargo, la víctima sobreviviente compartió en un testimonio que no portaba ningún arma y tampoco había amedrentado a los agentes. Sumado a ello, la autopsia practicada al cuerpo de la menor embarazada señaló que “perdió la vida a consecuencia de las alteraciones en los pulmones, médula espinal e hígado debido a dos heridas por proyectiles de arma de fuego penetrantes con orificio de entrada en hemitórax posterior”.
Por tal motivo, el organismo concluyó que la actuación de los guardias nacionales incurrió en un “uso ilegal y excesivo de la fuerza letal, que vulneró el derecho humano a la vida, a la integridad, a la seguridad personal y legalidad, de las dos víctimas de la agresión”.
Asimismo, la CNDH desestimó los dichos de la Guardia Nacional sobre su presunto intento por no agredir a las víctimas y disparar sólo en contra de los neumáticos. “El uso de la fuerza no fue gradual, ni se intentó reducir al mínimo los daños, y no se advirtió que hayan intentado realizar maniobras menos letales, ni pudieron acreditar que el uso de las armas haya sido estrictamente inevitable”, se puede leer en el comunicado.
La Recomendación 70VG/2022 fue dirigida a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para solicitar que se incluyera a las personas afectadas por esta agresión, así como a las víctimas indirectas, en el Registro Nacional de Víctimas, de manera que se pueda realizar la inmediata reparación del daño ocasionado con una compensación justa y proporcional a la gravedad de los hechos.
De forma adicional, la CNDH pidió que la SSPC colabore con la presentación y seguimiento de la denuncia en contra de los guardias nacionales señalados como responsables de este ataque letal, así como la cooperación con las autoridades ministeriales para integrar la carpeta de investigación abierta por este caso.
Cabe señalar que, de todas las instituciones que desempeñan labores relacionadas con la seguridad y el uso de la fuerza, la Guardia Nacional es la que cuenta con más quejas por violaciones a derechos humanos, con 309 registros entre enero y agosto de 2022. Por debajo de la GN se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que acumuló 283 quejas en el mismo periodo.
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